- Procede por coacción, amenazas, violación de la intimidad, abuso de autoridad y más delitos.
- Afirma que el exgobernador y exfiscal fomentaron el “odio y repudio social” en su contra.
- Al encontrarse en peligro nuestras vidas, nos vimos obligados a desplazarnos fuera del país.
Xalapa, Ver.- La expresidenta del DIF de Veracruz, Karime Macías Tubilla, denunció ante la Fiscalía General del Estado de Veracruz este lunes al exgobernador Miguel Ángel Yunes Linares y al exfiscal general del Estado, Jorge Winckler Ortiz, por los delitos de coacción y amenazas, violación de la intimidad, revelación de secretos, abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal y tráfico de influencias. La denuncia fue presentada por abogados del Despacho de Marco del Toro Carazo debido a hechos constitutivos de delito en agravio de Macías Tubilla y contra sus tres hijos menores de edad. Esta misma mañana, en su conferencia de prensa desde Xalapa, el presidente Andrés Manuel López Obrador acusó al exfiscal Winckler Ortiz, actualmente prófugo de la justicia, de mantener contubernio con la delincuencia, reiterando la acusación de que archivaba las órdenes de aprehensión, algo que, aseguró, ya se terminó con las nuevas autoridades de procuración de justicia. Macías Tubilla, quien enfrenta ante la Fiscalía General de la República (FGR) un proceso de extradición en Reino Unido al ser señalada de participar en desvíos de recursos público con empresas fantasma, presentó pruebas de su denuncia y pidió a la ahora fiscal Verónica Hernández Giadáns admitir el recurso, ordenar la diligencias de Ley procedan para el perfeccionamiento de la indagatoria y admitir los datos de pruebas ofrecidos para ejercer acción penal en contra de el exgobernador panista y el exfiscal por el o los delitos que se desprendan de la investigación. En los antecedentes de la denuncia, Macías Tubilla expone que ella fue Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) del 1 de diciembre de 2010 al 12 de octubre de 2016, cuando su entonces esposo, Javier Duarte de Ochoa, fungió como Gobernador. Señala que su cargo fue honorifico, “tal y como lo prevén las leyes del Estado, citando que sus funciones se encontraban limitadas a lo previsto en el Reglamento Interior del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia del Estado de Veracruz vigente en el periodo en el cual fungí como Presidenta del Patronato del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF)”. Expresa que antes de iniciar su mandato como gobernador, durante campaña, Miguel Ángel Yunes Linares “en reiteradas ocasiones señaló, que por cualquier medio, se encargaría de hacer justicia en el Estado de Veracruz respecto de los servidores públicos que hubiesen cometido actos de corrupción”. “Lo cual representaba una bandera de campaña de imposible realización normativa, pues atentos a la división de poderes, la procuración e impartición de justicia son propias de la Fiscalía General del Estado de Veracruz y del Poder Judicial, es decir, son entidades autónomas del Ejecutivo estatal, pero como se vio durante sus dos años de gestión, mantuvo plena injerencia en las mismas, generándose una persecución contra mi persona y familia, a través de una serie de acusaciones infundadas que dieron origen a una infundada carpeta de investigación en contra de la suscrita”. En la exposición de “Hechos”, la denuncia indica que “a finales del año 2016 se instauraron diversas investigaciones ministeriales en contra del C. Javier Duarte de Ochoa, quien en ese entonces era mi esposo y exgobernador del Estado de Veracruz, y derivado de ello, sin razón alguna, comenzaron a suscitarse una serie de hostilidades en mi contra, provocadas por todo el aparato del Estado de Veracruz”. Destaca que Yunes Linares, en complicidad con el entonces Fiscal General del Estado, “a través de diversos medios de comunicación social, estatales y nacionales, así como en diversas plataformas digitales y redes sociales, fomentaban el odio y repudio social hacia mi persona y hacia mi familia, logrando involucrar con ello a mis padres y a mis menores hijos de identidad resguardada, aun cuando, cabe recalcar, las investigaciones ministeriales que se encontraban realizando, eran en contra de mi ex esposo, sin embargo, aprovechándose indebidamente del poder que tenían a nivel social y con los medios de comunicación, ejecutaban actos en agravio de mi persona, de mis padres y de mis menores hijos”. Añade que ante el riesgo inminente de que los funcionarios “atentaran contra nuestra integridad y nuestra vida, a fin de proteger y preservar el bienestar de la suscrita y de sus menores hijos”, emigró de Xalapa a Coatzacoalcos en octubre del 2016, pero como la campaña de odio y repudio social en contra de su familia continuó, se vio en la imperiosa necesidad de trasladarse a la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. “No bastando lo anterior, comenzaron a suscitarse acusaciones sin fundamento y amenazas en contra de mi familia, derivadas de diversos rumores esparcidos en medios de comunicación y plataformas digitales, tales como YouTube y la red social de Facebook”. “En dichos videos, claramente puede apreciarse el hostigamiento hacia mis familiares, quienes por órdenes de Miguel Ángel Yunes Linares y Jorge Winckler Ortiz, invadían mi intimidad personal y la de mi familia, grabando, transmitiendo y reproduciendo imágenes y sonidos de nuestros domicilios y de nuestra vida personal, ello sin motivo ni justificación alguna, pues reitero, ninguno de nosotros y mucho menos mis menores hijos, tenían injerencia en asuntos donde el investigado era una persona distinta a nosotros, por lo que no existía razón ni fundamento para que ser perseguidos y atacados”, asevera. Karime Macías Tubilla expone que tanto el titular del Poder Ejecutivo como el Fiscal “pretendían relacionar injustificada e infundadamente todas las acusaciones vinculadas a Javier Duarte de Ochoa con la suscrita”. Esto y la filtración de su ubicación, “provocaron un peligro inminente contra mi persona y familia, se puso en riesgo que grupos delictivos o terceros motivados por el odio sembrado, realizaran acciones en agravio de la suscrita, de su familia y sobretodo de sus menores hijos, a quienes de ninguna manera se les respetaron sus derechos humanos, ni se les protegió su identidad, pues fueron publicados todos los datos personales de mis hijos, aun sabiendo que se trataba de menores de edad, cuyo interés superior debía ser garantizado por las autoridades estatales”. “En razón de lo anterior, en el mes de abril del año 2017, al encontrarse en peligro nuestra vida y nuestra integridad tanto física como psicológica, y al ser vulnerados nuestros derechos humanos y nuestra protección que debió garantizarnos el Estado, nos vimos desplazados fuera del país”. Expuso que el 27 de mayo de 2018, el Fiscal Jorge Winckler Ortiz dio a conocer en rueda de prensa que se me vinculaba como partícipe de delito en agravio del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, “y a su vez, anunció una orden de aprehensión girada en mi contra, donde infundadamente me acusa de haberme sustraído de la acción de la justicia”. “Sin embargo en la introducción de su discurso, manifestó que desde el inicio de su gestión, se venían cumpliendo objetivos de llevar a la justicia a diversos servidores públicos, no obstante, con esa manifestación se advierte un claro e indebido señalamiento hacia mi persona, pues yo nunca fui servidora pública, sino Presidenta del Patronato del Sistema Estatal para el Desarrollo Integral de la Familia, función que no representa de ninguna manera, la figura de servidor público”, indicó. Macías Tubilla insiste en que ella no fue servidora pública y que el interés de Miguel Ángel Yunes Linares fue político, por ser la exesposa de Javier Duarte de Ochoa y con el interés de posicionar a su hijo Miguel Ángel Yunes Márquez, candidato del PAN a la gubernatura. “Así, añade, se advierte claramente el abuso de autoridad de los ex funcionarios que en este acto señalo, puesto que se aprovecharon de su cargo o empleo para emitir actos en su propio beneficio, dado que no tenían prueba alguna en mi contra, por lo tanto también se vio vulnerado mi derecho humano a la presunción de inocencia, al acceso a la justicia y a la seguridad jurídica, tutelados en nuestra Constitución, tratados internacionales y leyes federales y estatales”, aseveró. “El 29 de mayo de 2018, nuevamente se realizó una rueda de prensa publicada en medios locales, nacionales e internacionales y plataformas digitales, esta vez encabezada por el entonces Gobernador del Estado, Miguel Ángel Yunes Linares, donde nuevamente me relacionan con hechos que aquel reprochaba constitutivos de delito, sin embargo, aprovechándose de la situación, hizo pública información de mi vida privada, vulnerando reiteradamente mi derecho humano a la presunción de inocencia, a la honra y a la dignidad humana, reiterando la campaña de desprestigio en mi contra, pues no bastando la difamación directa hacia mi persona, ordenó que se colocaran espectaculares en calles y avenidas principales del Estado, con imágenes de la suscrita, tomando atribuciones que no le correspondían, y abusando del puesto que ostentaba al acusarme de ser culpable de hechos delictivos, a sabiendas que ningún órgano jurisdiccional competente me ha encontrado culpable de delito alguno”, destaca. “De igual manera, puede corroborarse que en la red social de YouTube, existe el video titulado ‘YUNES LINARES MUESTRA VIDEO DE LA VIDA DE LUJO KARIME MACÍAS EN LONDRES’, publicado el mismo día de la rueda de prensa, donde personas enviadas por el entonces Gobernador Miguel Ángel Yunes Linares (dicho por él mismo), distorsionaron dolosamente mi situación familiar, haciendo pública la dirección exacta y referenciada de nuestro domicilio, las actividades personales que realizaba la suscrita, el centro de estudios al que acudían mis menores hijos y otros aspectos que, repito, daban pie a que cualquier persona o grupo delictivo, pudiera ejercer acciones en mi perjuicio y de mis menores hijos, transgrediendo nuevamente mi derecho humano a la vida, a la integridad física, a la libertad personal, a la seguridad, así como también a los que corresponden al respeto de la vida familiar y en perjuicio de mis menores hijos”. “Además, es preciso mencionar que también se contravino lo dispuesto en el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y 127 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que claramente estipulan que la investigación de los delitos es competencia del Ministerio Público y las Policías, sin embargo el Ministerio Público es la única autoridad facultada para conducir las investigaciones, en ningún momento se le otorga dicha facultad al Gobernador del Estado, y mucho menos a los particulares, pues dicho por el propio Miguel Ángel Yunes Linares, él fue quien designó a una persona de su 12 confianza, para investigarme y para hacer públicos mis datos personales, incluso para grabarme y difundir reproducciones con sonido de la suscrita”. “Lo anterior deriva desde luego, el tráfico de influencia ocasionado por el ex funcionario, pues éste se aprovechó de la autoridad que en ese momento tenía para realizar actos que no le correspondían, y aunado a todo lo anterior, todavía solicitó mi detención a la Procuraduría General de la República, sin ser esa su función, violentando notoriamente el principio de legalidad y, se insiste, vulnerando mis derechos humanos como el debido proceso y la presunción de inocencia”, expresa. “De todo lo narrado, es evidente que los ex funcionarios siempre actuaron con dolo en contra de mi familia, pues no pasa inadvertido que en un principio el Gobierno del Estado, representado en ese entonces por Miguel Ángel Yunes Linares, generó una ola de violencia en agravio de la suscrita, de mis padres y de mis menores hijos, en razón de hechos atribuidos a un tercero, significando que me causaron daños de imposible reparación como lo fue el repudio social, incluso antes de poder justificarse con la instauración de un proceso penal en mi contra, y por esa razón la suscrita decidió tomar medidas de prevención y seguridad, como lo fue cambiar mi residencia a otro país, ya que el Estado no me estaba garantizando ningún tipo de protección, sino por el contrario, me dejó en un estado vulnerable, fomentando la mala opinión pública a mi persona, aun cuando no se me ha acreditado responsabilidad alguna conforme a las leyes vigentes en el Estado”, expone.
